miércoles, 17 de abril de 2013

Las reformas que la Justicia necesita: “pescados son los del cesto, porque los del mar son peces”


Registro Civil: una reforma inaplazable.- El modelo actual ha agotado su función y no responde a las exigencias ciudadanas

(Agustín Azparren Lucas 17/04/2013, en “El País”) 

“Desde la perspectiva que da el ejercicio durante más de 30 años de la actividad judicial, uno llega a la conclusión de que las grandes reformas jurídicas e institucionales que tanto esfuerzo económico y personal requieren de poco valen si no llegan al ciudadano, destinatario último de toda actividad pública. De nada sirve la proclamación constitucional del derecho a la salud si finalmente los hospitales no prestan sus servicios de manera eficiente, del derecho a la educación si los jóvenes no alcanzan un nivel suficiente de conocimientos, del acceso a la justicia si los tribunales no son eficaces por falta de medios humanos y materiales.La situación actual de crisis económica, terrible, puede no obstante ser una gran oportunidad para reordenar algunos servicios esenciales del Estado. Pensemos en el Registro Civil. El ejercicio de cualquier derecho por un ciudadano requiere como presupuesto previo que el Estado tenga conocimiento de su existencia, de cómo se llama, de su decisión pública de formar una familia, de su libre opción de cambiar de nacionalidad, del hecho de que no puede valerse por sí mismo. Todos estos hechos y actos se llevan al Registro Civil y permiten, por un lado, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales asociados con la pertenencia a una comunidad organizada y, por otro, una adecuada planificación de los recursos públicos para su satisfacción.


Se pueden agregar otros elementos a esta reflexión: grandes movimientos migratorios, cambios en los modelos de familia, matrimonios de conveniencia, protección de españoles en el extranjero, pensiones, prestaciones sociales, protección de la infancia, madres de
alquiler, niños robados, incentivos a la maternidad… una realidad multiforme y cambiante.

Una respuesta que se demora meses no es aceptable en un servicio público.

¿Nos podemos permitir seguir gestionando todo esto con esquemas que se idearon hace más un siglo? ¿Es racional y sostenible que los servicios propios del Registro Civil estén diseminados desigualmente por más de 8.000 oficinas? ¿Es defendible que sigamos dependiendo del soporte papel y no podamos usar ágilmente los datos en beneficio de los ciudadanos y de la propia Administración? ¿Se puede seguir obligando a miles de ciudadanos a solicitar una y otra vez certificaciones de datos para presentarlos en otra oficina pública? ¿Nos podemos permitir el lujo de que cada centro administrativo actúe por su cuenta, descoordinado de los demás? En definitiva, ¿podemos seguir ignorando un problema y aplazar más su solución?

Doy datos concretos para que sepamos qué está pasando. Son datos que están al alcance de todos en Google.

Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, el Registro Civil es el órgano que más quejas recibió en 2011. A nivel estatal, suscitó 6.558 reclamaciones por su funcionamiento. Esto supuso el 46% de las quejas de todo el sistema de juzgados y tribunales.

Durante los años 2010 y 2011, se pagaron más de 170 millones de euros por presuntos servicios de dependencia a 41.205 personas fallecidas.

El Defensor del Pueblo critica que el Registro Civil de Inca ha dado una cita para 2017.

La mayoría de padres que acudieron al Registro Civil se quedaron sin poder registrar a sus hijos si no habían ido de noche para hacer cola. Cada año, 2.900.000 ciudadanos tienen que solicitar una certificación al Registro Civil para presentarla en otra Administración.

Es hora de afrontar el reto y ofrecer soluciones. El modelo actual ha cumplido su función, o mejor habría que decir que ha agotado su función, nos ha llevado hasta aquí, pero no puede llevarnos mucho más
allá. Creo firmemente que una Administración pública responsable debe ofrecer respuestas reales a las demandas de los ciudadanos y una respuesta que se demora meses no es aceptable. He sido juez y sé de lo que hablo. Dar una respuesta tardía no debe ser una opción, o al menos no nos lo podemos permitir.

Pensemos por un momento de qué manera nos ha afectado como ciudadanos el funcionamiento del registro y cómo nos gustaría que
funcionasen las cosas, olvidándonos de prejuicios.

Imaginemos algunas situaciones:

- Acabo de ser padre y no quiero salir deprisa y corriendo, dejando a mi mujer con el recién nacido en la maternidad, para acudir al Registro Civil y dar de alta a mi hijo.

- Mi cónyuge ha muerto y no quiero hacer colas en el Registro Civil para que me den una certificación de defunción para presentarla en la Seguridad Social y que me reconozcan una pensión.

- Cómo evitar que determinadas personas sin escrúpulos puedan aprovecharse actuando en nombre de mi hijo incapacitado cuando yo falte.

- Me he separado y mi cónyuge sigue disponiendo de los bienes comunes como si nada hubiera pasado.

- Llevo 12 años viviendo en este país y, aunque las leyes me reconocen mi aptitud para ser español de pleno derecho, sé que no lo voy a ser en mucho tiempo.

O desde otro punto de vista:

- Quiero que la Seguridad Social tenga conocimiento inmediato de los fallecimientos para evitar que se paguen indebidamente prestaciones sociales.

- La atribución del Registro Civil al Cuerpo de Registradores puede ser una de las claves del éxito de esta reforma 

- Quiero que no se vuelva a teclear dos veces un mismo dato por la Administración.

- Quiero que se hagan estadísticas más fiables de datos recientes.

En definitiva, no me gusta que se tire el dinero público, mi dinero, que tanto me cuesta ganar.

Creo que ha llegado el momento de abordar una reforma del Registro Civil que haga posible todo esto adaptando su organización a las verdaderas necesidades actuales, llevándolo con los medios técnicos más modernos y seguros, ahorrando costes y poniendo la
Administración al servicio de los ciudadanos.

La atribución de la llevanza del Registro Civil al Cuerpo de Registradores, que no lo olvidemos, son funcionarios, puede ser una de las claves que garantice el éxito de esta reforma urgente. Su eficacia demostrada en el tráfico inmobiliario y mercantil y su extensa experiencia no se pueden desaprovechar. Llevan años modernizando sus propias estructuras organizativas, implementando tecnología, prestando un servicio eficiente.

La reciente digitalización de los 425.000 expedientes de nacionalidad acumulados en los últimos años, que ha llevado a cabo el Colegio de Registradores en apenas unos meses y sin coste alguno para los ciudadanos, aparte de parecernos ciencia ficción para quienes hemos
dedicado toda nuestra vida profesional a la Administración de Justicia, nos garantiza el éxito de la reforma.

Por otra parte, los jueces y personal de la Administración de Justicia que actualmente se ocupan del Registro Civil, ya sea de forma exclusiva o compartida con la función jurisdiccional, se podrán destinar al trabajo estrictamente judicial, que bastante falta hace, debido a la gran litigiosidad existente y al escaso número de jueces para abordarlo.”

(Agustín Azparren Lucas es magistrado en excedencia y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial)


COMENTARIO
Se ha hecho famosa la frase de Bertran Duglesclin cuando intervino en la muerte de Pedro el Cruel, que permitió el reinado de Enrique de Trastamara, con aquello de que “ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”.

Pues bien, nuestro colectivo ni se decanta porque el cuerpo de Registradores se haga cargo del Registro Civil, ni porque los Notarios se ocupen de algunas otras funciones del mismo, porque quienes como juristas nos dedicamos esencialmente al ejercicio de la Abogacía hemos asumido con humildad nuestra obligación de que se asista al ciudadano de la manera más efectiva y eficaz, mediante la Administración de Justicia, en sus más variadas ramas, especialmente en la más elemental y próxima, cual es la del Registro Civil.

En otros tiempos hasta pareció lo adecuado que los distintos Registros Civiles fueran servidos por jueces, los denominados Encargados, que en realidad eran los entonces llamados “Jueces municipales” o “de
distrito”, aunque en la mayoría de las poblaciones esas funciones las desempeñaban los Jueces de Paz.

Han sobrevivido los Juzgados de Paz, mal dotados y peor retribuidos, pero al unificarse la judicatura, desaparecieron los jueces municipales y de distrito, y pasaron a ser los jueces “ordinarios” quienes asumieron las responsabilidades de los Registros civiles, si bien estos fueron unificándose, para concentrar las funciones y el servicio al ciudadano.

Pero con el radical cambio social que se ha producido en los últimos años, los Registros Civiles han llegado al colapso, y no precisamente en sus funciones más primarias, como las inscripciones de nacimientos, o de defunciones, o de matrimonios, etcétera, sino en otras funciones mucho más complejas y transcendentes, como la celebración de matrimonios civiles y la tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española.

Por ahí ha llegado el embudo y ahí es donde se ha producido el colapso, fruto especialmente del raquitismo en la dotación de medios y de una normativa muy trasnochada.

Nótese, por ejemplo, que todo matrimonio celebrado en el extranjero, inclusive ante la autoridad consular española, ha de inscribirse en el Registro civil central, para después trasladar el asiento (si así se solicita por el interesado) al Registro del domicilio. Trámites y más trámites. Y demoras de muchos meses, porque el Registro Central está colapsado.

Y el colmo se alcanza en lo referente a las nacionalidades, porque el aluvión de inmigrantes, especialmente de etnia latinoamericana (que adquieren la nacionalidad española en corto plazo, y así se convierten en ciudadanos de la Unión Europea si residen en España), produce un auténtico colapso en las oficinas y una demora de meses para la simple presentación de la solicitud, y de años para que se apruebe la petición de adquisición de nacionalidad por residencia. Desesperante e ineficaz, ciertamente.

Frente a ello, obvio es que cualquier reforma que tienda a subsanar esa lentitud del Registro civil y que sustituya los jueces por otros funcionarios, ha de ser bien acogida, pero parando muchas mientes en que esa reforma no implique un aumento de costes inasumible para el ciudadano.

Nunca hemos sido partidarios de la Justicia absolutamente gratuita, aunque tampoco hemos preconizado la Justicia costosa, porque cercena los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De ello a que se intente atribuir a Registradores o a Notarios labores de Registro civil, a cambio de que exaccionen en armonía con sus actuales emolumentos, media un abismo.

Se debería establecer una regulación de costes mínima, que disuadiera del uso abusivo, pero asumible por el ciudadano con pocos recursos.

Y a ello deberían acomodarse los Notarios y los Registradores (tanto monta, monta tanto), sin entrar en esa especie de pugna que viene anunciandose entre ambos demasiado elitistas cuerpos de juristas, que ni a ellos beneficia ni al ciudadano convence.

Háganse reformas, sí; y cuanto antes. Pero que resulten eficaces, por las buenas dotaciones materiales –informática, agilidad de atención--, y las adecuadas provisiones de funcionarios que las atiendan.

Que lo dijo el viejo pescador, cuando contaba a su manera el “cuento de la lechera” a su nieto: “Pescados son los del cesto, porque los demás son peces…”.

APB, por EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS